Las batallas por la transparencia.

Las batallas por la transparencia. Jesús Humberto González de León.

La ecuación es sencilla, la falta de transparencia en la rendición de cuentas facilita la corrupción. La corrupción es una de las causas importantes de la pobreza. Las mordidas que se piden encarecen los trámites y dejan sin patrimonio a los pobres. Clasificar como reservada cualquier información es señal de corrupción. ¿Hasta cuando seguiremos viviendo en esa oscuridad en el conocimiento de a donde van a para nuestros impuestos? Las leyes suenan muy bonitas pero de nada sirve que estén ahí, si las autoridades no tienen la voluntad de cumplirlas y las obstruyen bajo cualquier argucia de un leguleyo. El criterio es que debe prevalecer la transparencia según la ley, y garantizarla si hay error en el procedimiento. Hay mil pretextos para dar una interpretación torcida a las leyes y negar la información, cuando no existe la voluntad para otorgarla. Le existencia de leyes vagas e imprecisas que pueden justificar cualquier decisión tampoco ayudan. Cambiar algunas leyes puede mejorar la transparencia. Si se logra concretar la pretendida reforma Constitucional que obligaría a la rendición de cuentas por parte de los gobiernos locales de los recursos públicos federalizados, se daría un gran paso en esta lucha. Las sesiones de Comisiones que son privadas, se deben modificar por ley para que sean públicas (salvo raras excepciones) como en Estados Unidos y así evitar los acuerdos en lo oscurito. Sobre todo en las Comisiones de Hacienda y la de Compras. Esta última se presta mucho a fraudes, con licitaciones amañadas. Si en la escuela los exámenes los revisaran entre los mismos alumnos, como muchos son amigos entre sí, los resultados no serian creíbles, porque habría tendencia a favorecer al compañero. En el gobierno se da este absurdo. Mientras acusado y juez sean uno mismo las cosas van a seguir igual. Los jueces y magistrados los debería elegir la población. Los datos económicos deben ser auditados por autoridades independientes. Esto tiene además la ventaja de terminar con la politización de los temas. Necesitamos que una institución realmente autónoma y con todas las facultades, sea la encargada de juzgar evaluar y aplicar las sanciones. Logarlo sería otro gran avance. La auto-evaluación es sospechosa. Aparte de estos obstáculos a la transparencia, esta la cuestión del miedo. Si los funcionarios o sus aliados intimidan a los medios o quienes en ellos se expresan, se favorece la impunidad. Las leyes que penan la difamación, como ocurre en casi toda Latinoamérica, protegen a funcionarios. En vez de proceder una acción penal debería ser una acción civil. Mientras no exista una Institución pública o privada que fomente una conciencia o que eduque a la población acerca de la importancia de exigir y hacer valer el derecho a la información, las cosas seguirán igual. www.chuybeto.blogspot.com